"Antidemocrático". "Mafioso". Esos fueron dos de los términos que utilizó recientemente la presidenta argentina, Cristina Fernández, para describir coberturas de prensa que le fueron desfavorables.
La mandataria -que al igual que su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, es famosa por su negativa a conceder entrevistas - suele destacar en sus discursos algunos titulares o artículos de diarios que le desagradan.
En los últimos tiempos, estas críticas han ido en aumento, y se han visto acompañadas por anuncios de medidas que han llevado tanto a los medios como a la oposición a advertir sobre un posible intento de censura a la prensa.
¿Nueva ley?
Una de las iniciativas oficiales tiene que ver con la reforma de la Ley de Radiodifusión.
En estos días, el gobierno lleva a cabo reuniones con agrupaciones civiles y entidades periodísticas, con el objetivo de lograr una nueva ley "por consenso".
Sin embargo, a pesar de que existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de modernizar la actual norma, que data del último régimen militar, algunos cuestionan que la ley se cambie ahora.
En ese sentido la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió, la semana pasada, tras un encuentro con la mandataria, que es "llamativo" que la Casa Rosada impulse el cambio de la norma "en el marco de un clima de confrontación con los medios de prensa".
Lea también: Libertad de prensa sin protección
Observatorio de Medios
Más allá de esta controversia, hay otra iniciativa gubernamental que ha levantado aún más polémica.
Se trata del relanzamiento del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, un organismo que funciona bajo la órbita del Estado y que Fernández quiere ampliar, sumando a representantes de las facultades de ciencias sociales de universidades estatales.
Diputados de la oposición presentaron una denuncia contra el observatorio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, citando "la presunta violación y el grave menoscabo a la libertad de prensa a que son sometidos los medios de prensa en la Argentina a raíz del funcionamiento" de este organismo.
Sin embargo, uno de los responsables del observatorio, el titular del Comité Nacional de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, negó que éste funcionará como una "ley mordaza".
Quienes apoyan el observatorio, aseguran que su función no es coartar a los periodistas -como advierten sus detractores- sino garantizar que los medios, muchos de ellos agrupados en poderosos grupos económicos, estén cubriendo los hechos sin sesgos o tendencias políticas.
Bajo la lupa
Argentina es posiblemente el único país del mundo donde un observatorio de medios depende del Estado y del gobierno
Lauro Laíño, presidente de Adepa
El presidente de Adepa, Lauro Laíño, está de acuerdo en la necesidad de monitorear a los medios, pero cree que esa función debería recaer en la sociedad civil.
"Argentina es posiblemente el único país del mundo donde un observatorio de medios depende del Estado y del gobierno", señaló a BBC Mundo.
"Hay muchas entidades que podrían hacerlo: ONG, academias, entidades particulares; no el Estado, porque siempre va a alimentar la sospecha de querer utilizarlo con fines de censura", añadió.
El anuncio sobre el observatorio se produjo poco después de que la mandataria criticara duramente a algunos medios locales por su cobertura de la crisis que enfrentó al gobierno con el campo, por el aumento en las retenciones a las exportaciones agrícolas.
En un multitudinario acto en la Plaza de Mayo, Fernández comparó la protesta agraria con una que precedió la última dictadura militar, en 1976, y señaló que "esta vez no vinieron con tanques, sino con 'generales multimediáticos' que han tergiversado la información".
En su discurso, el 1 de abril, la presidenta fustigó una caricatura suya aparecida en el diario Clarín, que consideró "un mensaje cuasi mafioso", comentario que mereció el repudio de casi todos los sectores de la prensa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario